Para cumplir la meta de déficit, el FMI pide una «política fiscal más estricta», que deberá implicar una baja del gasto público del 11% en términos reales entre agosto y diciembre. Pide aumento de tarifas y bajar 5% los salarios públicos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que las nuevas medidas económicas tendrán un costo fiscal de al menos 0,4% del PBI, por lo que “aumentarán las presiones fiscales en el futuro”. Sin embargo, asegura que la meta de déficit fiscal primario para 2023 deberá mantenerse en 1,9% del PBI, a través de mayores recortes en subsidios, focalización de planes sociales y de la moratoria previsional y ajustes en los salarios públicos.
Así se desprende del último Staff Report que publicó el FMI luego del desembolso de u$s7500 millones, donde se encuentra la aprobación de la quinta y sexta revisión, en conjunto con la definición de las nuevas metas para 2023.
Nuevo acuerdo con el FMI: ¿qué implicancias tiene en materia ambiental y de desarrollo?
En las primeras páginas del informe, hace un repaso sobre los “desarrollos recientes” de la economía argentina. Allí, establece que el “déficit fiscal aumentó marcadamente”, por la caída de ingresos de las exportaciones producto de la sequía, que fue “parcialmente” compensada por recorte de gastos. El documento asegura que el déficit primario acumulado a junio aumentó al 1,1% del PBI, por caída de ingresos del 9% y baja del gasto público del 6% real, “liderado por fuertes reducciones en subsidios energéticos (15%), transferencias a empresas y provincias (25%), y pensiones (9%).
“Se espera que nuevas iniciativas fiscales y de gasto, por un valor de alrededor del 0,4% del PBI, aumentarán las presiones fiscales en el futuro”, anticipa el FMI en el documento publicado el viernes, dos días antes del anuncio del paquete de medidas. Sería equivalente a unos $700.000 millones, aunque oficialmente Economía no difundió el costo fiscal total. El documento del Fondo anticipaba que las medidas iban a estar relacionadas con alivio fiscal para hogares y pymes, “bonificaciones únicas” para pensionados y estudiantes y mayores subsidios para compras con tarjeta de crédito.
Sin embargo, los anuncios son más amplios que lo que preveía el Fondo. El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que para 7,8 millones de jubilados habrá bono de $37.000. Para los trabajadores, la suma fija de $60.000 será asumida por el Estado mediante el pago a cuenta de contribuciones de micro y pequeñas empresas. Para los monotributistas, el Estado dejará de recaudar el componente impositivo para las categorías A, B, C y D. Para las familias más vulnerables, habrá un refuerzo en la tarjeta alimentar para 2,4 millones de beneficiados y también un extra para los 1,3 millones del Potenciar Trabajo. Además, habrá créditos con tasas subsidiadas.
Sin embargo, el FMI anticipa que la meta fiscal del 1,9% del PBI deberá cumplirse. Hasta junio, el desvío de lo pautado estaba en 0,3% del PBI, producto de menores exportaciones, pero también “mayores gastos corrientes, incluso en el frente salarial público”. Por este motivo, en el apartado de políticas fiscales, el FMI pide una “política fiscal más estricta” para el segundo semestre, que deberá implicar una baja del gasto público del 11% en términos reales entre agosto y diciembre.
Para que se cumpla, el FMI anticipa que la lupa pasará por cinco puntos: una mejora en los ingresos por el impuesto país a las importaciones, que aportará 0,8% del PBI, aunque reclama terminar con este tributo a principios de 2024. El segundo punto son los salarios públicos: dice que vienen creciendo al 7% interanual, y deberían cerrar el año +3%, por lo que debería implicar una “disminución real en la masa salarial del 5% interanual entre agosto y diciembre”.
El tercer punto son los subsidios energéticos: el FMI anticipa que se vienen aumentos de tarifas eléctricas, que deberán estar efectivas para el 1° de septiembre, y que incluirán también a pequeños comercios y familias de bajos y medianos ingresos, mientras que grandes comercios y familias de altos ingresos pagarán el 100% del costo de producción. El cuarto punto se refiere a las pensiones: dice que en la moratoria entraron 130.000 personas, de las 800.000 estimadas, siento más del 75% de haberes mínimos. Finalmente, en cuanto a el gasto social, pide que sigan en curso las auditorías para “focalizar” la asistencia del Potenciar Trabajo.
(Fuente: Ámbito)
