Mientras el Secretario General de la UOCRA aseguró que «están en riesgo 300 mil puestos de trabajo», el presidente de la Cámara de Construcción reveló que «los telegramas ya empezaron a llegar».
Aunque restan aún varios días para su asunción, los efectos de la era de Javier Milei como presidente electo ya se están sintiendo. Es que, tras los dichos del libertario sobre el rol de la obra pública en el profundo ajuste fiscal que buscará implementar desde el 10 de diciembre, desde el sector de la construcción ya hablan de «despidos masivos».
Es que Roberto Robledo, diputado provincial y Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de La Pampa, sostuvo, en diálogo con el medio Plan B, que «están en riesgo 300 mil puestos de trabajo».
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el empleo de la actividad de la construcción en la actualidad alcanza los 479 mil puestos registrados y se encuentra en un pico máximo histórico. De concretarse este panorama desolador, estaría comprometido nada menos que el 62% de la fuerza trabajadora total.
Obra publica
A las advertencias de Robledo hay que sumarles las recientes declaraciones de Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara de Construcción, quién, en diálogo con Radio 10, aseguró que «los telegramas de despidos ya empezaron a llegar».
«El problema es que la obra que se hace en un mes se paga, tras terminarse, alrededor de 60 días después. Entonces un trabajo que se hizo en noviembre, se abona en enero o febrero. Por lo tanto, y en base a los dichos de Milei, esos contratos no se van a pagar, y ni hablemos de los pendientes, de los anteriores, que se suman. Esto es un proceso que ya comenzó», enfatizó.
Las alarmas están puestas, entonces, no solo de cara al futuro, aquellos proyectos o iniciativas que no verán la luz en caso de un impulso en esta política, sino, sobre todo, en aquellas 2.329 obras en ejecución y 518 en circuito administrado, con propuestas ya presentadas, según el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis. Éstas estarán en las manos no solo de Milei, sino, sobre todo, de Guillermo Ferraro, quién será futuro ministro de Infraestructura y tendrá a sus órdenes cinco áreas: transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.
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«La obra pública se termina»
Durante el raid mediático llevado adelante luego de imponerse en el balotaje ante el ministro de Economía, y también candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el libertario remarcó que «la obra pública se termina» ya que «no hay plata» por lo que la misma será privatizada y dependerá del financiamiento o el poder de negociación de cada intendente o gobernador, en medio de un mercado desregularizado, para realizar desde obras monumentales y que pueden comprometer a la matriz productiva, como puede ser una ruta o vías de ferrocarril entre ciudades, hasta las relacionadas con servicios básicos y elementales para la población en general, como cloacas o calles.
Esta tendencia relacionada con una desinversión en este aspecto profundizaría lo llevado a cabo por el actual «socio» de Milei, Mauricio Macri, quién, durante su gobierno, se dio un recorte en este aspecto del 62%, pasando de $1.956 millones durante 2015, el último año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, a los $726 millones con los que dejó el poder tras ser derrotado en las urnas por Alberto Fernández.
El Presupuesto 2024 presentado previo a las elecciones generales, y cuyo debate en particular por parte del Congreso de la Nación se postergó hasta revelarse la fuerza política que tomaría el control del Ejecutivo posterior al 10 de diciembre, que en este caso fue La Libertad Avanza, destaca que «la obra pública representa un rol clave en la recuperación económica del país y en el camino hacia el desarrollo».
La posibilidad de una interrupción total de las obras despertó alarmas tanto en extraños como en propios, quiénes apoyaron la candidatura de Milei, por ejemplo, en el balotaje, como fue Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe, quién remarcó que la provincia «necesita rutas» ya que «es productiva, tiene campo, industria y puertos».
Tras arribar a la Quinta de Olivos, lugar que usará no solo para residir sino también de centro de operaciones, el libertario buscará aplicar lo que llama «el modelo chileno», que implica la incorporación de empresas privadas en materia de infraestructura pública. Este sistema de concesiones se diferenciaría del de licitaciones, vigente en el presente, en que el Estado le entrega al privado la responsabilidad de generar una inversión y a explotar, luego, ese recurso.
Por ejemplo, si una compañía lleva adelante una calle, puede cobrar por su utilización durante una cantidad de tiempo a pactar. Sin embargo, el conflicto entra en el hecho de que muchas veces lo que busca el mercado, no es, necesariamente, lo que requiere el común de la población, como pueden ser cloacas, salas médicas en pueblos de pequeñas poblaciones o caminos rurales; que, al no ser rentables, no se consideran «imprescindibles». Esto, ha generado profundos cuestionamientos del otro lado de la Cordillera de los Andes.
(Fuente: Perfil)
