El sondeo realizado por KPMG Argentina indicó que Ingresos Brutos es «el centro del problema», ya que es el tributo que más impacto tuvo en los precios de los productos y servicios.
La presión impositiva es una temática central en el debate público. A pesar de que se podría haber previsto que la tendencia estaría en baja, ya que el presidente Javier Milei históricamente se mostró crítico de la presión fiscal y la exorbitante carga impositiva en el país, indicando que preferiría «cortarse el brazo» antes que subir un impuesto, las empresas argentinas se muestran escépticas. Según una encuesta nacional, la mayoría considera que la presión impositiva se mantendrá igual que en 2023 o que incluso podría aumentar.
Los datos se desprenden del sondeo anual «Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas», realizado por KPMG Argentina entre el 22 de febrero y el 6 de marzo. Para llevar a cabo esta edición, fueron consultados 58 gerentes o jefes de las áreas de finanzas (CFOs) y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país correspondientes a los sectores financiero, construcción, telecomunicaciones, logística, energía, agroindustria, manufacturero y comercial, entre los más importantes.
“Este año la encuesta se realizó en un marco donde las problemáticas fiscales, el rol y tamaño del Estado, y el replanteo de la dimensión del gasto público tienen un gran protagonismo en el debate político y económico argentino. Ese contexto los resultados representan un aporte para el análisis de cuál será la carga fiscal que permita sustentar estos nuevos lineamientos desde la mirada mayoritaria de la ciudadanía», indicó Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.
Y agregó: «Es de esperar que el debate impositivo tenga cada vez más espacio y pluralidad por lo que la divulgación de la visión de quienes invierten contribuirá al objetivo de tener un sistema tributario sustentable y que promueva el crecimiento económico».
El panorama para 2024: más impuestos y pocos incentivos para invertir
Consultados sobre el panorama para el 2024, el 89,09% de los encuestados afirmó que la presión impositiva será igual o mayor en comparación con el 2023. De ese total, el 63,64% consideró que será mayor, mientras que el 25,45% opinó que será igual. Por el contrario, solo el 10,91% creyó que será menor.
Según el sondeo, la mirada de los encuestados en cuanto al agravamiento de la presión fiscal en la economía «se ha mantenido muy alta en los últimos 5 años». «De todos modos, y si bien se observa una mirada predominantemente pesimista, el porcentual de quienes avizoran una mayor presión fiscal pasó de un 84% en la proyección del año 2023 a un 64% para el año 2024», precisó.
En cuanto a las inversiones, el 65,45% respondió que mantendrá la inversión en el país; el 29.10% que la disminuirá y solo el 5,45% que la aumentará. Al respecto, la encuesta aclaró que, a pesar del cambio de Gobierno, «no se advierte en las respuestas cambios respecto a las opiniones que esta misma pregunta receptaba el año pasado».
Por otro lado, el 96,36% de los encuestados advirtió poco o ningún incentivo fiscal de parte de las provincias para atraer inversiones productivas a sus territorios. Sumado a esto, indicaron que la mayor iniciativa fiscal gubernamental para facilitar decisiones de inversión en Argentina sería replantear la figura del impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo que «este gravamen no parece ser elegido por casualidad».
«En el resto de las preguntas de la encuesta, así como en las encuestas de años anteriores, aparece también como el más determinante en la conformación de precios de bienes y servicios, y el que genera mayor preocupación por la acumulación de saldos a favor crónicos. Este tema tiene una especial actualidad por cuanto en la agenda de la convocatoria a un nuevo contrato social conocida como ‘Pacto de Mayo’ se incluye como punto 4 a una Reforma Tributaria y en el punto 5 un nuevo Régimen de Coparticipación», expresó el sondeo.
La segunda opción más elegida fue la iniciativa de disminuir el impacto del Impuesto a los Débitos Créditos en cuenta bancaria, permitiendo que el mismo sea pagado a cuenta de otros gravámenes de manera total. En tercer lugar, las respuestas expresaron la necesidad de contar con un marco de previsibilidad fiscal por diez años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales.
La encuesta también consideró la opinión acerca del capítulo fiscal que el gobierno incluyó en la Ley Ómnibus y que finalmente fue retirado de su tratamiento legislativo. En ese sentido, los consultados sostuvieron mayoritariamente (36,6%) que el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social era la iniciativa que les resultaba de mayor interés. En segundo lugar se posicionaron las modificaciones en Impuesto País y otros gravámenes (27,27%), mientras que el tercer lugar fue para la Desgravación de retenciones Impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes (23,64%).
Además, KPMG realizó una encuesta en redes sociales sobre la posible discriminación de impuestos en las facturas o tickets de los consumidores finales. De casi 600 respuestas recibidas, el 90% manifestó estar de acuerdo con esta iniciativa, lo que sugiere un fuerte respaldo público a esta medida de transparencia fiscal.
Los impuestos con mayor impacto y el nivel de inversiones
Respecto a cada impuesto, para el 53,45% de los consultados Ingresos Brutos continúa siendo que más impacto tuvo en los precios de los productos y servicios en 2023, un aumento con relación a 2022, que fue de 51,79%. «En opinión de los encuestados el impuesto sobre los Ingresos Brutos crece y se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los que encarecen de manera determinante los precios y servicios de las empresas», indicó la encuesta.
Y agregó: «La mayoría ve al Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el centro del problema en cuanto a ser el que más incide en los precios de bienes y servicios, el que genera masivamente problemáticas por saldos a favor inmovilizados de empresas y sobre el que necesariamente debiera hacerse foco en una reforma tributaria integral y profunda que incentive la inversión».
Detrás se posicionó «Otros» con 15,52%, discriminados por un 78% que señaló al Impuesto País, 11% Derechos de Exportación y 11% a las Tasas Municipales. Los demás puestos fueron para el Impuesto a los Débitos y Créditos con 12,07%; el Impuesto a las Ganancias con 10,34% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que acumuló 8,62%.
En cuanto a las inversiones, el panorama se mostró desalentador: para el 43,10% el marco fiscal argentino los obligó a desinvertir, para el 53,45% le fue neutro y solo el 4,45% dijo que le permitió expandirse. Al respecto, en la mayoría de los encuestados (96,55%) se observó que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas, mientras que un 3,45% manifestó haber desarrollado en el 2023 algún plan de expansión en términos de inversión.
Sin considerar el impacto de la inflación, más de un tercio de los consultados prevé tener un resultado impositivo sujeto a impuesto por el año 2023 (a presentar y pagar en mayo 2024 para los cierres diciembre) mayor que el del 2022. Por el contrario, un 26% estima determinar un resultado impositivo menor que el del año pasado y un 5% anticipa presentar una utilidad impositiva igual que en el año 2022. Finalmente, un 33% (el año pasado fue el 25%) de los consultados manifestó reportar pérdidas impositivas por el ejercicio 2023, siendo que de ese porcentaje un 42% venía de tener utilidades en 2022.
Consultados sobre los incentivos impositivos, el 82,76% indicó que las medidas impositivas no son efectivas para el desarrollo de la actividad industrial; un 82,76% que tampoco lo son para la inclusión financiera, y un 79,31% que no favorecen a las exportaciones. Solo la industria del conocimiento tuvo un porcentaje alto positivo con el 63,79% de opiniones.
Finalmente, el 87,93% de las respuestas coincidió en que las normas tributarias no son publicadas con un suficiente nivel de estudio y consenso previo entre organismos públicos y las cámaras empresariales a nivel nacional para su implementación adecuada. En cuanto al ámbito provincial, hubo coincidencia en el 98,28%. «Hay un amplio consenso (casi de unanimidad en el caso del ámbito provincial) en cuanto a la baja calidad de análisis que tienen las normas impositivas en el momento de su publicación», explica el estudio.
Fijación de precios diferenciales por jurisdicción y presión provincial
Ante la posibilidad de fijar precios diferenciales por jurisdicción y en qué provincias los productos y servicios se venderían más caros debido al marco fiscal, la Provincia de Buenos Aires sigue encabezando la lista de la presión fiscal que incidiría en la determinación de los precios. En segundo lugar se posicionó la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y, al igual que en 2022, Misiones y Tucumán se ubicaron en el tercer lugar.
En cuanto a la presión fiscal provincial, el 20,69% indicó que tuvo que restringir sus operaciones comerciales en algunas jurisdicciones, destacándose los casos de Misiones y Tucumán. En ese sentido, el sondeo analizó que «si bien la mayoría de las opiniones manifiesta no haber restringido operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios ante la excesiva carga fiscal en algunas provincias, no deja de ser significativo que un 20% manifieste haberlo hecho».
Asimismo, precisó que «en la práctica restringir operaciones con algunas jurisdicciones puede manifestarse directamente en no tener actividad presencial en ellas o bien, operando desde otra jurisdicción, bloquear la comercialización con residentes de aquellas».
ARBA y la justicia provincial tienen la peor reputación respecto a objetividad
Otra de las temáticas de la encuesta fue la apreciación sobre la objetividad de los organismos administrativos y judiciales. En ese sentido, ARBA (Rentas de Provincia de Buenos Aires) fue la agencia fiscal con la peor reputación, mientras que en el ámbito judicial, esa apreciación fue para la justicia provincial.
En una calificación del 1 al 10, la AFIP tuvo una calificación intermedia con un 5,35 para 2023, una mejora con relación a 2019 cuando fue de 4,44. En cuanto a la AGIP (Rentas de la Ciudad de Buenos Aires) se mantuvo desde el año pasado en un rango intermedio (5,19); mientras que en el caso de ARBA la apreciación de objetividad por parte de las empresas continúa siendo la más baja con una calificación 4,07, la cual «parece ser inamovible».
Con relación a los tribunales administrativos o judiciales en el ámbito impositivo, el Tribunal Fiscal de la Nación mantuvo una valoración intermedia de 5,79. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia fue calificada en un rango intermedio alto con un 6,44. Finalmente, la justicia provincial tuvo un puntaje de 4,30 (4,70 el año en 2022). Según el estudio, ese dato «constituye una doble señal de alerta para la generación de confianza en el ámbito de los negocios dada la altísima incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Argentina».
(Fuente: Perfil)
