El ajuste y la crisis en hospitales públicos también se trasladó a algunas provincias. Profesionales denuncian que se restringió la entrega de medicamentos. Una vez que pasa la fecha de vencimiento de las drogas que no les permiten repartir, terminan en la basura. Trabajadores de la salud de distintos lugares del país contaron cómo es el día a día en un hospital desfinanciado: desde los salarios y el pluriempleo de los profesionales hasta el aumento de la demanda y la falta de insumos.
En el proyecto de presupuesto para 2025 que debate el Congreso, el dinero consignado al Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, orientado a la atención de patologías agudas, subagudas y crónicas, es de $ 43.671 millones, $ 5656 millones más que en 2024. Esto representa un aumento del 14,6% en términos absolutos, casi cuatro puntos por debajo de los cálculos más optimistas de inflación que el Gobierno tiene para el año que viene (18,3%). Lo mismo sucede con el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, cuyos recursos asignados aumentarán un 16,4%: pasarán de los $ 111.250,34 millones a los $ 129.558 millones.
No son los únicos presupuestos que presentan un crecimiento magro para el año que viene. Para 2025 el hospital Garrahan contará con apenas un 20% más: pasará de los $ 157.544,89 millones vigentes a los $ 190.500 millones en 2025.
Esto se da en el marco de una crisis que llevó a los profesionales de esa institución a realizar un paro de 48 horas en pedido de mejoras salariales y de una denuncia sobre la calidad y reutilización de los insumos que son descartables. “El gremio APyT reclama un 100% de recomposición salarial, que es lo perdido desde agosto de 2023, $ 1.400.000 de salario mínimo, y rechaza el impuesto al salario, por el cual ya presentó un amparo ante la Justicia”, destacaron en un comunicado.
El recorte en los hospitales públicos tiene consecuencias tanto en pacientes como en profesionales. “Un denominador común en estos nueve meses es el aumento notorio de la demanda, tanto en las guardias como consultas ambulatorias, que refleja la crisis global del sistema de salud y en especial la crisis del sector de la seguridad social, de las obras sociales y la cantidad de ciudadanos que han perdido su empleo formal o han dejado de pagar la prepaga y entonces tienen que acudir a prestadores públicos”, explicó a este medio Pablo Maciel, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop).
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), por la desregulación de las prepagas los servicios aumentaron muy por encima de la inflación en el primer trimestre del año: mientras el índice de precios en ese periodo acumuló un alza del 51,6%, la medicina privada aumentó 118%.
La demanda en los hospitales es creciente, pero los casos de despidos, reestructuraciones y renuncias, también. “La situación es muy delicada, en especial en los efectores nacionales que vienen atravesando procesos de reducción de personal con despidos y un atraso salarial muy importante. Hay conflictividad y reclamos sindicales muy fuertes que estamos llevando adelante en los hospitales nacionales, como el Posadas, el Garrahan y actualmente contra el cierre o la reestructuración que pueda significar el ajuste en el hospital Laura Bonaparte”, agregó Maciel.
Frente a la falta de actualización salarial los profesionales se ven obligados a aceptar varios empleos. “En los relevamientos registramos niveles de pluriempleo cercanos al 80%”, explicó el titular de Cicop. Además, a partir de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la eliminación de exenciones como el cálculo de las guardias para el pago del impuesto, “muchos hospitales y sanatorios se están quedando con guardias descubiertas porque nadie quiere trabajar más para ganar menos. Es una situación muy delicada en todas las provincias y en la Capital Federal”, sintetizó.
El presupuesto en salud sufrió recortes que van más allá de los salarios y que se evidencian en provincias que también están sufriendo el ajuste. Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), de enero a febrero de 2024 –y comparada con la ejecución presupuestaria del mismo periodo en 2023–, “en las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-92%)”.
Profesionales encargados de las farmacias de hospitales públicos de provincias de Cuyo –que pidieron no revelar su identidad–, explicaron a este medio que también se restringió la entrega de medicamentos a los pacientes. “Esto comenzó en el año 2016, cuando por un memorándum se nos solicitó a los efectores públicos de las distintas reparticiones restringir la medicación a quienes en el sistema les figure una obra social. Una obra social cualquiera, aunque la obra social ya no exista”, afirmaron a PERFIL. Esa medida, que dejó de estar vigente en 2020, volvió a aplicarse ahora, “pero con la amenaza de que, si entregamos medicamentos a alguien con una obra social, podemos estar sujetos a sanción”. La medida rige “incluso quienes tienen PAMI, que ahora tienen que comprar sus medicamentos, porque de acuerdo a un memorándum, no se les puede entregar”.
Las disposiciones implican nuevas tareas para los profesionales de la salud, que están sobrecargados. “Tenemos que hacer un trabajo en el cual nosotros no tenemos competencia, porque es un trabajo administrativo, que es el de chequear en el sistema de ANSES si el paciente está mintiendo o no”. Según el profesional, “muchos pacientes que toda la vida se atendieron en el hospital se van llorando” y los medicamentos se desperdician. “Es enorme la cantidad de medicamentos vencidos que tiramos a la basura, plata que invirtió el Estado y que ahora quedan sin entregarse”.
En Santa Fe los insumos que enviaba Nación dejaron de llegar. “Hay un gobierno provincial que está buscando acompañar a la población y que no queden las necesidades insatisfechas, pero hay cosas que igual faltan”, explicaron profesionales de esa provincia a este medio. “Entonces estamos insistiendo en la prevención del embarazo adolescente, en que se acerquen las personas a los efectores de salud. Pero faltan de preservativos, anticonceptivos orales, inyectables, e implantes”, sintetizaron.
(Fuente: Perfil)
