El Presidente les pidió a sus ministros y a su mesa política “ir por todo” con las reformas pendientes antes de fin de año. Cree que salió fortalecido en estas semanas tras el blindaje parlamentario a los vetos y la fragmentación opositora en la UCR y el PJ. Ordenó avanzar con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación antes de fin de año, aunque aún se buscan variantes sobre cómo llevarlo adelante sin traspiés. Además, planea utilizar los exámenes a 40 mil empleados estatales como filtro para una nueva ola de despidos. También la Casa Rosada quiere fusionar organismos públicos.
“Hay que ir por todo”, fue una de las frases más contundentes que lanzó Javier Milei ante un grupo de funcionarios de confianza. Alentado por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el Presidente expresó que es el momento de acelerar planes de ajuste y que pretende terminar el año con dos objetivos: la privatización de al menos dos empresas públicas y una nueva poda de personal estatal.
El jefe de Estado congregó a sus ministros esta semana en Balcarce 50 y también a su mesa política (integrada por Santiago Caputo, Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Martín Menem, el último martes), en la que repartió un mensaje claro y contundente: los funcionarios no deben tener contemplación al momento de seguir recortando fondos y personal en sus áreas de influencia para cerrar 2024. Una propuesta que cada vez que llega a los oídos de Sturzenegger, un abanderado de la reducción del Estado que tiene su propia carpeta de metas y muestra resultados, despierta una sonrisa y un aplauso.
Cerca del líder del Poder Ejecutivo, ante la consulta de PERFIL, sienten que es un instante propicio para avanzar en el plan motosierra, que en la última semana tuvo novedades con el cierre de la AFIP y la privatización del Belgrano Cargas, por dos motivos. El primero es que el Gobierno demostró construir acuerdos para blindar los vetos presidenciales a dos proyectos que iban en contra de sus intereses, el de financiamiento universitario y el de movilidad jubilatoria. “Fue una señal de fortaleza”, resumen.
El segundo es que la fragmentación opositora, con el estallido del bloque en Diputados de la Unión Cívica Radical en primer plano, puede derivar en pactos que avalen las intenciones de La Libertad Avanza, que transitan básicamente por desprenderse de empresas en poder del Estado y, pese a la resistencia de algunos ministros, seguir bajando la cantidad de trabajadores públicos.
Bajo ese marco, en LLA tienen como meta principal privatizar Aerolíneas Argentinas antes de que finalice 2024, una tarea ardua, como reconocen en Casa Rosada, en la que trabaja José Rolandi, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, a cargo de las conversaciones con diputados propensos a las conversaciones con el oficialismo. La meta es consensuar una iniciativa lo más rápido posible y a partir de ahí vender la compañía a aquellos interesados o transferirla a los empleados. Un dato: Hernán Lombardi, diputado del PRO, tiene un proyecto sobre Aerolíneas y no fue consultado al respecto por los alfiles libertarios cuando lanzaron un decreto para avanzar con la privatización hace tres semanas.
En el Gobierno reconocen que varios inversores con los que ya entraron en contacto pidieron que se den de baja los convenios colectivos de trabajo. Para Juan Pablo Brey, líder de Aeronavegantes, uno de los gremios en conflicto con la empresa, si en la administración libertaria se avanza en ese sentido “habrá resistencia total”.
En el catálogo privatizador de la gestión Milei no se pierde de vista el Banco Nación. La entidad había quedado fuera de las compañías a privatizar en la ley Bases, pero se pretende volver a insistir en el desprendimiento mediante una ley. Luis Caputo, el ministro de Economía, ya dio señales la semana pasada de lo que se busca por lo menos en el corto plazo: cerrar sucursales, como pasó en La Matanza.
Para continuar en la senda privatizadora, en el caso de los trenes de pasajeros, por ejemplo, fuentes oficiales destacan que, a diferencia de la década del noventa, se encuentra vigente la Ley 27.132 que es la que permite el acceso abierto y competencia entre operadores de transporte ferroviario.
Por otro lado, Sturzenegger seguirá ganando terreno con su agenda de reducir los resortes estatales, con énfasis en el empleo público. Sin acuerdo en el Gobierno sobre cuántos empleados se despidieron en 2024, ahora hablan de seguir depurando personal mediante los exámenes a 40 mil que deben renovar contrato a fin de año. Las pruebas se realizarán en los próximos meses de manera online y ahí se analizará la idoneidad y los objetivos de cada trabajador. Empleado que desapruebe, empleado que se quedará sin su fuente de empleo.
A su vez, fuentes de LLA subrayan que comenzó la puesta en disponibilidad de empleados de planta permanente, lo que implica que aquellos que entraron en esa categoría por ley en el último año reciben su salario hasta un año más. Si no son reubicados en ese período, luego de ese tiempo se los despide con indemnización. Y prometen estudiar qué organismos deben ser fusionados o eliminados.
(Fuente: Perfil)
