El juez de Garantías, Mauricio Mayer, declaró prescripta la acción. Velázquez había denunciado al jefe de UPCN en noviembre de 2018. Allende era diputado y se amparó en los fueros. El fiscal Leandro Dato había calificado el hecho en amenazas simples, no en coacciones agravadas como lo pretendía la querella por la gravedad, además de tratarse de una funcionaria pública.
La funcionaria expresó su decepción en su perfil de Facebook: “Un nuevo revés del poder Judicial en mi causa por coacciones agravadas en contexto de género. La misma no me va a desalentar para continuar el camino de los recursos para que la misma no quede impune y se llegue a un juicio de debate como corresponde y repare este grave delito de acción pública”
Velázquez sostuvo que con su defensa, a cargo de Fernanda Vázquez Pinasco, “no buscaba un punitivismo patriarcal, pero tampoco un garantismo hipócrita. Seguiremos dando batalla hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es posible”, dijo y llamó a “legislar con perspectiva de género es un imperativo ético”.
La ministra se había opuesto al juicio abreviado al ex diputado y mandamás de UPCN que implicaba una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; por haber agredido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado que pediría una pena de dos años de prisión condicional.
El abreviado se cayó y las causas comenzaron a tramitar por separado. El mes pasado Allende fue condenado a dos años de prisión condicional (no efectiva) por la amenaza a Carboni.
(Fuente: Página Política)
