Mediante una resolución oficial redujo los fondos disponibles en $ 50.000 millones para educación, en $ 10.000 millones para salud y en $ 50.000 millones al programa Procrear. La grave crisis económica y social el Gobierno pretende enfrentarla con más ataques a las grandes mayorías.
Al momento de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde el Frente de Todos aseguraban que no implicaba un plan económico de ajuste, pero como sucede siempre con este tipo de programas los ataques a los sectores de menores recursos son una parte esencial. Massa al asumir se comprometió a profundizar el recorte del presupuesto nacional y este lunes mediante una publicación en el Boletín Oficial concretaron una reducción de $ 128.000 millones en educación, vivienda, salud, obras públicas e incentivos a la producción.
La cifra es mayor a lo destinado al bono de $ 4.000 a $ 7.000 a los jubilados y pensionados de hasta 2 haberes mínimos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; que representa $ 108.000 millones. Según IARAF (Instituto argentino de análisis fiscal) ya en el mes de julio el déficit fiscal primario (los ingresos del Estado menos los gastos, sin tomar en cuenta las deudas) fue un 23 % menor que en 2021, pero para cumplir con la meta del 2,5 % de déficit anual en relación del PBI, buscan hacerlo caer aún más.
Mediante la decisión administrativa 826/2022, firmada por Sergio Massa y Juan Manzur, informaron que quitaron $ 15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” y $30.000 millones al programa Conectar Igualdad (el que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas). Como si la falta de jardines y los problemas de conectividad no estuvieran a la vista o no fueran importantes.
El Tesoro también recortó en $ 50.000 millones las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En particular, el ajuste total recayó en el programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar). Más de tres millones de familias tienen graves problemas habitacionales y desde la asunción de Alberto Fernández sólo se construyeron 50.000 viviendas.
A su vez, el Gobierno redujo el presupuesto para el Ministerio de Salud en $ 10.000 millones, una partida que estaba destinada a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.
Por último, Economía también realizó un ajuste en las partidas presupuestarias para los Ministerios de Transporte, en $ 7.000 millones, y de Obras Públicas, en $ 20.000 millones. De estos, $ 1500 millones corresponden al Desarrollo de Infraestructura Ambiental; mientras el presidente dice que va tomar medidas contra los incendios en el Delta del río Paraná, los ministros reducen los fondos para preservar el medioambiente.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los fondos destinados a la AUH (Asignación universal por hijo) y las “políticas alimentarias” cayeron entre un 10 y un 15 % en los primeros siete meses del año. Las prioridades de la gestión de Alberto, Cristina y Massa quedan cada vez más claras: plantean un camino para pagarle al Fondo a costa del hambre y las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Otra salida es posible, desconociendo la deuda externa y poniendo los recursos en función de las necesidades de las grandes mayorías.
(Fuente: La izquierda diario)
