Abogados y funcionarios judiciales hablaron de una presunta violación al «derecho a la protesta», estipulado en la Constitución Nacional. La respuesta de Bullrich ante las críticas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó ayer «por instrucción del presidente» Javier Milei el nuevo protocolo «antipiquetes» en donde entre otros puntos advertía que las fuerzas federales y el Sistema Penitenciario Federal podrán intervenir en aquellas manifestaciones que corten calles e impidan la libre circulación. Esto generó revuelo en el sector judicial y hasta en algunos casos, abogados constitucionalistas salieron a manifestar la presunta «inconstitucionalidad» del protocolo, ya que chocaba con el derecho a manifestarse.
El letrado Andrés Gil Domínguez planteó específicamente que «el derecho a la protesta pacífica incluye la posibilidad de cortar la calle», y que, por lo tanto, «la prohibición absoluta es inconstitucional».
En esa línea, el constitucionalista aclaró que para poder hacer efectivo dicho protocolo, Bullrich y el gobierno de Milei deberían enviar un proyecto al Congreso para modificar la normativa actual.
Gil Domínguez explicó que «cortar calles no es un delito en la medida que se habiliten vías alternativas, o sea, con un ejercicio razonable y eso sí que se puede regular».
Los dichos de la ministra hoy se concretaron porque se publicó, en el Boletín Oficial, la resolución 943, que hace llevar al campo de la normatividad sus anuncios. Por esto, Gil Domínguez detalló las diferencias entre una protesta violenta y una pacífica, donde una es legal y la otra no.
«Hay que diferenciar el derecho a la protesta pacífica, contemplado en la Constitución y que garantiza otros derechos como la libertad de expresión, y la protesta violenta. Esta última no es un derecho y está castigada por nuestro Código Penal, y se refiere a cuando una persona roba, hurta, o intenta dañar una propiedad», afirmó.
Por otro lado, el abogado, desde su cuenta de X escribió sobre que «la participación en una protesta pacífica está exenta de una previa autorización», y que «se puede elegir el contenido y los mensajes de la protesta, como así también, el tiempo y el lugar de la protesta».
«La protesta puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. Ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho de tránsito y el derecho de reunión corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática», indicó.
Y concluyó con críticas a que hay una intromisión del Poder Ejecutivo porque no es Bullrich la encargada de decidir este tipo de reglamentaciones: «Decir que no se puede cortar ninguna calle choca contra la Constitución y los tratados de Derechos Humanos, se tiene que garantizar el derecho a ejercer las protestas pacíficas. A su vez, la ministra está ejerciendo funciones jurisdiccionales cuando dice que los cortes de calles o rutas se encuadran en un tipo penal del Código Penal. Y eso lo tiene que determinar un juez, no una ministra con una resolución. Está violando flagrantemente la división de poderes».
La respuesta de Bullrich
Bullrich respondió a estos cuestionamientos, a los que también se sumaron diversas fuentes judiciales, especificando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que «no pueden abolirlo tampoco por decreto», y especificó que «si quieren tener un lugar donde protestar nadie les va a impedir el derecho constitucional», y puso como ejemplo que los manifestantes podrán «ir por la vereda» o «irán a una plaza».
Por su parte, la abogada Natalia Volosin también mostró en su cuenta de X una contradicción al periodista Luis Majul, quien dijo que «en ningún país del mundo se puede cortar la calle para protestar», adjuntando imágenes de París, Londres y Washington con cortes de calles con grandes manifestaciones.
Todos los puntos del protocolo que anunció Bullrich:
Las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes que es que, si hay un delito infraganti, van a poder actuar.
Las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales. Las fuerzas provinciales deben intervenir en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común.
Andrés Gil Domínguez: «En la medida que los padres ejerzan una protesta pacífica, pueden ir con sus hijos»
«Si se corta la vía principal, se libera la vía principal». No se tendrá en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y circulación. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación.
Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia.
Se identificarán los autores del corte e instigadores de este tipo de delitos. También se identificarán a los vehículos y a sus conductores registrados. Se van a registrar las infracciones administrativas existentes y se va a proceder a incautar a los rodados que no estén bajo las normas de tránsito o cuyo conductor no tenga la documentación.
Estaciones de tren. Se tendrán en cuenta a aquellas personas que vayan con un tipo de material que debe ser incautado, como palos o elementos para taparse la cara, que intenten no ser reconocidos por las autoridades.
Los datos de los autores o partícipes serán informados a las autoridades correspondiente. También a la IGJ (Inspección General de Justicia) para ver las personerías jurídicas de quienes hicieron el corte, sea por personas que vienen con un plan social. También se aplicará a sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa.
Daño ambiental. Se dará aviso a un juez pertinente, bajo las situaciones de las quemas en protestas, que genera un daño al ambiente y a quienes están alrededor.
Punto por punto, las medidas del protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich
Participación de niños y adolescentes. Se notificará a la autoridad competente de protección y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños a una manifestación.
Se enviará una factura con los costos de los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrá que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos deberán hacerse cargo.
En caso de tratarse de extranjeros, se mandará la información a Migraciones. Se creará un registro de las organizaciones que participan de cortes de espacios de la vía pública y voceros que hacen este tipo de manifestaciones.
«Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré». Se trata del protocolo de actuación ante las manifestaciones, bajo conducción política y sin armas de fuego, presentado en 2011 por quien fuera la ministra de Seguridad de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Excepciones. Habrá excepciones que tienen que ver con eventos religiosos o deportivos, como una peregrinaxción o maratones, o cuestiones de los distritos. Se deberá pedir permiso a la autoridad competente.
(Fuente: Perfil)
