La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) confirmó su participación en una acción judicial colectiva a nivel nacional, la cual fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo de esta presentación es demandar la promulgación, ejecución y plena vigencia de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. A la decisión de la universidad se adhirieron también los gremios docentes y nodocentes.
La decisión de la universidad se formalizó mediante la Resolución 280/25 del Consejo Superior. En el documento, la casa de estudios ratificó el “estado de asamblea permanente del cuerpo ante la situación de crisis presupuestaria y salarial provocada por las políticas sostenidas desde el gobierno nacional”.
Tanto la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) como la Asociación del Personal de la UNER (Apuner) informaron de manera oficial que adhirieron a esta acción judicial, sumando el reclamo de los trabajadores al pedido institucional.
Conflicto institucional por el veto y la ratificación
La Ley N° 27.795, que busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas, fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, pero posteriormente el Poder Ejecutivo la vetó. Ante esa acción, el Poder Legislativo la ratificó, también por amplia mayoría.
Sin embargo, el Consejo Superior de la UNER advirtió en su Resolución que el Gobierno nacional manifestó en diversas oportunidades su intención de “no respetar la decisión soberana del Poder Legislativo, evitando promulgar y ejecutar la ley sancionada, incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el marco del normal funcionamiento de las instituciones de la República”.
La UNER remarcó la gravedad del contexto. Señaló que “la acuciante situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales pone en crisis incluso sus funciones más básicas de docencia, investigación y extensión, así como el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil y desarrollo territorial”.
El Consejo Superior subrayó que la Ley de Financiamiento Universitario ofrece “una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes”, lo que garantiza “la previsibilidad, sustentabilidad y equidad en el sostenimiento del sistema público de educación superior”.
La UNER anunció que, ante el escenario actual, y tras agotar las instancias previas: “Agotadas todas las instancias de diálogo y de llamado a la reflexión, es necesario avanzar en la presentación de una acción judicial colectiva impulsada por las universidades nacionales en conjunto con las asociaciones gremiales y estudiantiles, coordinada por el CIN”, según se lee en la Resolución 280/25.
Por su parte, el CIN había expuesto días atrás: “Acudimos dos veces al Congreso por su competencia en materia presupuestaria y la sociedad argentina se manifestó en tres oportunidades de manera conmovedora en apoyo a este reclamo. Por eso, solicitamos ahora al Poder Ejecutivo Nacional que, en cumplimiento de su responsabilidad y de los plazos legales establecidos, promulgue y ejecute este instrumento que garantiza la reparación tan necesaria”.
(Fuentes: Varias)
