Desde la city advierten por una dependencia preocupante de impuestos que pueden ser perjudiciales para el comercio internacional, lo que pone en duda la pronta eliminación de restricciones cambiarias necesarias para impulsar la actividad económica y disipar temores de devaluación.
El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional el pasado lunes para resaltar un importante hito: el tercer mes consecutivo de superávit fiscal. En su mensaje, no hubo anuncios nuevos, sino que se enfocó en destacar este logro. De entrada, hay que señalar que este superávit se logró no solo mediante la postergación del pago de deudas, sino también mediante recortes en jubilaciones, obras públicas y universidades y transferencias a las provincias.
El Ministerio de Economía público el desempeño fiscal correspondiente a marzo de 2024, marcando así el final del primer trimestre del año en términos presupuestarios. El saldo positivo alcanzado en el mes ascendió a $276.000 millones, con un superávit acumulado de $1.300.000 millones en términos constantes para el trimestre, según se desprende del informe de Romano Group titulado «Los números detrás del superávit fiscal».
El documento arroja luz sobre el trimestre pasado en términos de ejecución fiscal, analizando la naturaleza de los ajustes realizados y evaluando la sostenibilidad de este superávit.
Reducción del gasto primario en un 35%
El informe asegura que el gasto primario experimentó una disminución del 35% en términos reales durante el acumulado de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Esta reducción fue impulsada principalmente por:
Una caída del 35,7% en las jubilaciones, que representaron el 34,8% del ajuste total.
Otros sectores afectados incluyen subsidios (-45,8%), salarios (-19,6%), transferencias a provincias (-76,3%), y obra pública (-86,8%).
Estos rubros contribuyeron en conjunto con un 82,4% al descenso del gasto primario.
«La revisión de la fórmula de ajuste de las jubilaciones fue crucial», señala Romano Group, ya que la anterior dejaba rezagados los haberes frente a la inflación, lo que generaba una pérdida significativa de poder adquisitivo («licuadora»). Aunque las nuevas medidas han permitido una leve recuperación del poder de compra, «al indexarse a la inflación, existe el riesgo de que las jubilaciones queden rezagadas en momentos de crecimiento económico», concluye al respecto.
En cuanto a las transferencias a provincias y la inversión en obra pública, el documento destaca una reducción drástica, «indicando un enfoque de ajuste más severo que afectó a varios conceptos».
Disminución de los ingresos en un 4,5%
Los ingresos fiscales experimentaron una caída en términos reales, aunque no tan pronunciada como la del gasto, lo que contribuyó al resultado positivo en el balance fiscal. «Si bien el IVA apenas aumentó un 0,5%, los ingresos por Ganancias sufrieron una caída del 37,1% debido a reformas implementadas durante la campaña electoral», agrega.
A pesar de la reducción generalizada, los ingresos fiscales se vieron respaldados por impuestos vinculados al comercio exterior, como derechos de exportación (aumento del 71,9%), derechos de importación (incremento del 9,4%), y el gran impuesto PAIS (incremento del 305%).
Esto señala una dependencia preocupante de impuestos que pueden ser perjudiciales para el comercio internacional, lo que pone en duda la pronta eliminación de restricciones cambiarias necesarias para impulsar la actividad económica y disipar temores de devaluación.
El futuro del superávit
Para Romano, el compromiso de la gestión actual con la normalización de las cuentas públicas es evidente y lleva a cabo sus acciones en consecuencia. Esto hizo desplomar el riesgo país hacia niveles que hacía años no se veían y también permitió el descenso de la inflación con la fuerte ancla fiscal enunciada (previo fuerte impacto en la actividad).
En el ínterin, al indexar las jubilaciones en terrenos relativamente bajos de poder adquisitivo, le brinda algo de oxígeno extra en lo inmediato mientras intenta cerrar los distintos acuerdos, juntamente con los ajustes de tarifas que le significarán menor transferencia vía subsidios.
Sin embargo, advierte que a pesar de que gran porcentaje de los ajustes se deben mayoritariamente a licuación o bien no pago (CAMMESA), «el Gobierno apunta hacia un Pacto de Mayo que, conjunto a la ley bases y el capítulo fiscal, le permita tener mayores herramientas para sortear los desafíos que se vienen en materia presupuestaria».
Estos desafíos se encuentran su base en la sustentabilidad del ajuste, consensuadas. «Esto no solo será crucial en el devenir de las cuentas públicas, sino de toda la economía en su conjunto», concluye.
(Fuente: Ámbito.com)
