Lijo presentó un documento con el que busca responder a más de 400 preguntas enviadas por ciudadanos y así defender por primera vez su actuación como magistrado, ante las impugnaciones recibidas.
La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibirá el próximo miércoles a las 10 al juez federal Ariel Lijo, quien deberá defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, tras ser postulado por el presidente Javier Milei.
Para que la candidatura quedara firme en la Cámara alta, debió publicarse en un diario de tirada nacional el llamado a las audiencias durante dos días y su edicto en el Boletín Oficial. Posteriormente, quedó abierto por una semana el período de impugnaciones y adhesiones. Durante este tiempo, según informó Noticias Argentinas, Lijo recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones.
Durante el mismo proceso, pero en el Ejecutivo, Lijo tuvo más de diez veces de adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Para rechazar las impugnaciones, Lijo presentó un extenso documento con el que busca responder a más de 400 preguntas enviadas por ciudadanos al Senado y así defender por primera vez su actuación como magistrado. Por su parte, las autoridades de la Cámara alta debaten si limitar la cantidad de personas que podrán ingresar el miércoles, para evitar revuelos.
A pesar de ser una figura controvertida y resistida, el pliego del candidato parece —a priori— el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los dialoguistas y el propio oficialismo. Lijo es uno de los integrantes del selecto grupo que componen Comodoro Py, los tribunales federales más cuestionados compuesto por sólo 12 jueces.
En marzo pasado, el Ejecutivo reveló las propuestas de Lijo para cubrir el quinto lugar de la Corte, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, y del abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.
El candidato de Milei
La candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, promovida por el presidente Javier Milei, descolocó al círculo rojo para bien y mal. El desembarco de Lijo en los tribunales federales de Comodoro Py del barrio porteño de Retiro fue en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras su paso como secretario de la Cámara Federal.
Su figura fue rápidamente emergente por su intervención en casos de alto perfil público como las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano.
En 2023, Lijo quedó a cargo de la investigación del atentado contra la mutual israelita que lleva 30 años de impunidad. De hecho, Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre el atentado contra la AMIA, a pedido de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa. Días antes de la acción, recibió el respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en su camino hacia la Corte.
Otro de los casos en los que intervino Lijo fue en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.
El historial de Lijo no termina, sino que recayó sobre sí la causa por el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci, que él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad. Por el caso de Rucci, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, manifestó que no aprobaba su candidatura.
Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo a nivel personal contrajo matrimonio con la hermana del camarista federal, Gabriel Cavallo: Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes. Luego le fueron tocando casos otros temas sensibles y fue el turno de investigar al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica, al considerar que se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso.
Elisa Carrió acusó a Lijo de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y Julio De Vido
Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. En este expediente, Lijo volvió a ser apuntado por otro integrante también del plantel libertario: el senador Francisco Paoltroni.
Lijo también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007. Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py.
Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación, Julio De Vido, para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.
Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse hacia afuera como para adentro, gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.
Este mes, Lijo fue escrachado en el Senado por frenar la causa de un hombre que se identificó como “víctima de la red de trata más grande de la República Argentina”. “El doctor Lijo, hasta ahora, sólo me humilló, me trató mal, me hizo pasar los peores momentos, el mismo infierno que yo venía denunciando”, detalló el hombre que denunció en 2022 y explicó: “los imputados son Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers, el señor Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales”.
(Fuente: Perfil)
