Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mónica Frade y Esteban Paulón interpusieron una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del DNU 941/2025. Los legisladores sostienen que la norma, publicada el pasado 31 de diciembre, es inconstitucional y carece de los requisitos de necesidad y urgencia.
La presentación judicial busca la suspensión inmediata de los efectos del decreto y de cualquier acto administrativo derivado de su cumplimiento. El diputado Ferraro, titular de la CC, cuestionó tanto el fondo de la reforma como el momento de su publicación, ocurrida en vísperas del Año Nuevo.
Cuestionamientos centrales al Decreto 941/2025
El amparo se fundamenta en tres ejes críticos sobre la legalidad de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo:
Vulneración de facultades legislativas: La norma modifica más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, materia que, según los amparistas, debe ser debatida exclusivamente en el Congreso de la Nación.
Incursión en materia penal: Los legisladores denuncian que el decreto otorga a agentes de la SIDE la potestad de efectuar detenciones. Advierten que esto constituye una «modificación solapada» del artículo 184 del Código Procesal Penal, área expresamente prohibida para los decretos de necesidad y urgencia.
Incumplimiento constitucional: La demanda señala que el Ejecutivo no acreditó las condiciones de excepcionalidad exigidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que limita la emisión de decretos cuando no existan circunstancias que impidan el trámite ordinario de sanción de leyes.
Impacto en el Sistema de Inteligencia
La reforma propuesta por el Gobierno introduce cambios estructurales en el funcionamiento de la inteligencia civil y criminal del país. El punto más polémico radica en la capacidad de arresto conferida a los agentes, facultad que históricamente ha estado separada de las funciones de inteligencia para evitar abusos de poder y garantizar el debido proceso.
Con esta acción judicial, los diputados pretenden que la Justicia ordene la nulidad absoluta del decreto, restableciendo la vigencia plena de la normativa anterior hasta tanto el Poder Legislativo se pronuncie sobre el tema.
(Fuente: NA)
