El entendimiento con el Consejo Interuniversitario Nacional incluye una recomposición salarial escalonada y fondos para gastos operativos, aunque los rectores mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento.
10 de junio de 2026
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lograron un acuerdo para actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, además de garantizar las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades públicas. La firma del entendimiento se concretó luego de varias semanas de tensión y tras la realización de cuatro marchas federales. A pesar del consenso alcanzado en la mesa de negociación, el conflicto de fondo por el financiamiento del sistema universitario sigue abierto en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
Detalles del esquema de recomposición salarial
La propuesta convalidada por las partes establece un incremento salarial total del 24,33% distribuido en dos tramos. El primer ajuste será del 21,33% en el mes de junio —aplicado sobre los sueldos básicos de mayo—, lo cual permitirá que el aumento impacte directamente en el cálculo del medio aguinaldo, mientras que el 3% restante se liquidará en octubre. Según lo acordado, este porcentaje busca compensar de manera escalonada 7 puntos correspondientes a la pérdida de 2024, 12,33 puntos de 2025 y el saldo remanente para cubrir el desfasaje acumulado hasta mayo de 2026.
Partidas presupuestarias y fondos para hospitales
Además de la pauta salarial, la negociación destrabó recursos para otras áreas sensibles del sistema educativo. El acuerdo contempla un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Asimismo, ante una solicitud específica planteada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), se resolvió incorporar una partida de $50 mil millones destinada al financiamiento y sostenimiento de los hospitales universitarios.
Evaluaciones políticas y continuidad del conflicto
Desde el sector oficialista señalaron que el resultado de la negociación valida la postura de cuidar las cuentas públicas dentro de los márgenes previstos por el Ministerio de Capital Humano, confiando en que la urgencia presupuestaria derivaría en la firma del pacto. Por su parte, la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) calificó al ofrecimiento como un avance importante tras dos años y medio de reclamos, aunque aclaró que la actividad gremial continuará hasta recuperar la totalidad del poder adquisitivo. En sintonía, los rectores de las casas de estudio adelantaron que mantendrán la demanda judicial para que la Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue vetada por el Poder Ejecutivo y que actualmente aguarda una definición de la Corte Suprema.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).
