Desde la Casa Rosada activaron negociaciones con los bloques aliados en el Congreso para frenar la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete. Buscan desactivar la sesión de este jueves en el Senado.
16 de junio de 2026
La Casa Rosada activó un esquema de negociaciones políticas de emergencia con sus aliados habituales en el Congreso con el objetivo de evitar que acompañen el pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsado por los bloques opositores.
Para contener la escalada en el Senado, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la jefa de bloque, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En tanto, en la Cámara de Diputados las conversaciones son coordinadas por el presidente del cuerpo, Martín Menem.
La estrategia de presión y los argumentos oficiales
El objetivo inmediato del oficialismo es lograr la suspensión de la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta, cuya realización terminará de definirse en la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Los articuladores del Gobierno centran su estrategia en una fuerte presión política hacia los bloques aliados, sosteniendo que avalar una remoción sentaría un precedente complejo para la institucionalidad. El argumento principal esbozado desde Balcarce 50 señala que, en los 32 años transcurridos desde la reforma constitucional de 1994, ningún jefe de Gabinete fue removido por el Congreso a través de este mecanismo.
Asimismo, los funcionarios libertarios recuerdan a los legisladores que Adorni tiene programado presentar su informe de gestión ante el Senado el próximo 2 de julio, instancia donde responderá preguntas de manera escrita y presencial, por lo que consideran innecesaria una interpelación extraordinaria.
El frente judicial y la postura de la oposición
La ofensiva parlamentaria cobró fuerza luego de que el propio jefe de Gabinete admitiera públicamente haber omitido ingresos por un estimado de US$ 500.000, derivados de inversiones en criptomonedas, en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, contradiciendo sus propias declaraciones ante los diputados en el mes de abril.
En el Senado, la arremetida es liderada por la bancada del kirchnerismo, que busca forzar la votación para exponer el nivel de respaldo real con el que cuenta el funcionario. Por su parte, la estrategia del oficialismo apunta a asegurar la fidelidad del PRO y de los senadores alineados con gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR).
La encrucijada de los bloques aliados
Tanto el PRO como el radicalismo se encuentran ante un dilema político. Por un lado, rechazan plegarse de manera directa a la iniciativa del kirchnerismo; por el otro, evitan quedar posicionados ante la opinión pública como defensores de Adorni, cuya imagen pública se ha visto afectada tras meses de controversia. Ante este panorama, la alternativa evaluada por estos sectores para eludir el costo político consiste en no aportar al quórum para frustrar la sesión del jueves.
De superar la instancia en la Cámara alta, el Poder Ejecutivo deberá concentrar sus esfuerzos en la Cámara de Diputados, donde un abanico más amplio de bloques opositores solicitó una sesión especial para el próximo 23 de junio, orientada a girar las solicitudes de interpelación y censura a las comisiones correspondientes.
Fuente: La Nación
