Los hermanos Caputo operan el financiamiento del think tank libertario mediante aportes millonarios del sector privado, en medio de crecientes tensiones con el sector liderado por Karina Milei y la fiscalización oficial sobre sus fondos.
23 de jJunio de 2026
El entramado de poder que rodea al asesor presidencial Santiago Caputo posee un componente de carácter familiar y estratégico. Su hermano mayor, Francisco Caputo, ejerce un rol de consulta y coordinación operativa clave, actuando junto al ex subsecretario Sebastián Amerio como un núcleo de confianza estricta dentro del armado libertario. Esta estructura interna cobró un papel preponderante en la administración de la Fundación Faro, el espacio de pensamiento y difusión ideológica del gobierno nacional.
La recaudación de fondos privados y la Fundación Faro
La Fundación Faro se ha consolidado como una de las principales herramientas de financiamiento político y difusión del oficialismo. En sus inicios, a comienzos de 2024, la organización estructuró sus recursos mediante la realización de cenas dirigidas a empresarios del sector privado. Según testimonios de los sectores corporativos implicados, Francisco Caputo era el encargado de convocar de forma directa a los aportantes y coordinar los montos de cubierto establecidos, estimados en unos 25 mil dólares por asistente, omitiendo la emisión de facturación formal en dichas instancias.
Previo a la constitución de esta entidad, las actividades de recaudación se concentraban en el Instituto para el Crecimiento, cuyas oficinas pertenecían a la escribanía de la familia Caputo en la calle Córdoba. Dicho espacio, gestionado inicialmente por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, funcionó como el núcleo de recaudación para la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia.
Estructura laboral y nexos corporativos
Pese a la influencia directa en las determinaciones estratégicas del oficialismo, ni Santiago ni Francisco Caputo integran de manera formal la planta del personal civil del Estado como funcionarios públicos. En el ámbito comercial privado, ambos registran un mismo empleador vinculado contractualmente a su entorno: el empresario Lucas Costa, vecino del complejo Martindale y allegado histórico a la familia.
A través de las firmas societarias Zefico S.A. y Camalu S.A., de propiedad de Costa, se canalizan las contrataciones laborales de los hermanos Caputo, sirviendo estas estructuras jurídicas como los canales formales de administración de los activos patrimoniales de los asesores.
Tensiones políticas e intervención de la Inspección General de Justicia
Las dinámicas operativas de los hermanos Caputo han generado discrepancias con el sector interno referenciado en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los legisladores Martín y «Lule» Menem. Esta facción política avanzó sobre los espacios institucionales del entorno de Santiago Caputo, promoviendo el desplazamiento de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia.
Actualmente, el foco del conflicto se trasladó a la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo regulador emitió un emplazamiento formal a la Fundación Faro Argentina con el objeto de que se identifique el origen y los nombres de los aportantes que proveyeron fondos estimados en aproximadamente 5.000 millones de pesos durante el transcurso del año 2024.
Inversión en platforms digitales y difusión masiva
Los balances preliminares reflejan que la Fundación Faro se transformó en la mayor estructura de financiamiento privado del sector gobernante. Los registros de la plataforma de transparencia de anuncios de la firma tecnológica Meta detallan que la fundación ha destinado un presupuesto superior a los 1.200 millones de pesos en publicidad para redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp).
La campañas son viralizadas a través del portal digital «Ratio Oficial», el cual se posiciona como la segunda página con mayor volumen de inversión publicitaria registrada en la historia de la plataforma en la República Argentina, siendo únicamente superada por los registros oficiales de la provincia de Córdoba.
Fuente: Revista NOTICIAS (Editorial Perfil).
