El juzgado federal de San Isidro ordenó la comparecencia del exdiputado tras detectar transferencias del exterior no declaradas, documentación comercial apócrifa e inhibir la totalidad de sus bienes patrimoniales.
23 de Junio de 2026
La justicia federal avanzó formalmente en la investigación penal que involucra al exdiputado nacional José Luis Espert. El juez federal Lino Mirabelli dispuso citar al exlegislador a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de junio, en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero. La resolución judicial alcanza asimismo a su contador personal, Mariano Cosentino, y dispone la investigación de las operaciones de la sociedad comercial «Varianza S.A.», constituida por Espert y su cónyuge, María Mercedes González.
Detección de fondos internacionales y vinculación con firmas del exterior
La hipótesis de la fiscalía conducida por Fernando Domínguez señala que en enero del año 2020 se registró un giro financiero de 200.000 dólares hacia una cuenta bancaria radicada en la entidad Morgan Stanley, de titularidad del dirigente político, la cual no figuraba en las presentaciones fiscales oficiales ante el ARCA. El origen de las divisas se localizó en la firma estadounidense Wright Brothers Aircraft Title Inc., asociada a Federico “Fred” Machado, un empresario extraditado por Interpol que se declaró culpable de fraude y lavado de dinero ante los tribunales de los Estados Unidos.
A efectos de incorporar formalmente dichos fondos al circuito legal, la defensa técnica del exdiputado aportó un contrato de consultoría profesional con la minera guatemalteca «Minas del Pueblo S.A.» por un valor global de un millón de dólares. Los peritajes de la fiscalía desestimaron la validez del documento, calificándolo de apócrifo tras constatar que la firma minera no registraba operatividad comercial efectiva, que carecía de facturación de respaldo y que Espert no computaba registros migratorios de ingreso al país centroamericano.
Inhibición de bienes y trazabilidad del consumo patrimonial
Como medida cautelar previa a las declaraciones indagatorias, las autoridades judiciales decretaron la inhibición general de bienes sobre el patrimonio de Espert y su esposa. La disposición legal restringe la enajenación de activos inmobiliarios o prendarios y limita el uso de las cuentas bancarias únicamente a los montos expresamente autorizados para la cobertura de los costos de subsistencia corrientes.
La reconstrucción financiera efectuada por los investigadores estableció que parte de los fondos bajo sospecha se reinsertaron en el mercado local mediante bienes suntuarios. Entre las transacciones identificadas se encuentra la adquisición de automóviles de las marcas BMW y Lexus —este último con una tasación de 130.000 dólares—, junto con la suscripción de un fideicomiso para desarrollos inmobiliarios en la localidad balnearia de Costa Esmeralda por un importe superior a los 200 millones de pesos.
Evidencia digital y tipificación del delito
El expediente judicial incorpora transcripciones de mensajería electrónica de la aplicación WhatsApp recuperadas de los dispositivos del asesor contable de la familia. Según el dictamen fiscal, los diálogos demuestran deliberaciones explícitas respecto a las alternativas regulatorias para la inserción de los fondos extranjeros y discusiones sobre los mecanismos para justificar el nivel de consumo, optando finalmente por omitir las declaraciones impositivas.
El Ministerio Público Fiscal consideró acreditadas las tres etapas que configuran el tipo penal del lavado de activos: colocación, estratificación e integración de recursos de origen ilícito. La fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación ante la sospecha de remisiones complementarias de capitales, debido a la diferencia en la escala de valores del contrato de consultoría presentado originalmente.
Fuente: Perfil
