La iniciativa busca eliminar el actual sistema de advertencias nutricionales y abrir la discusión hacia un nuevo modelo armonizado con la región.
6 de julio de 2026
El Gobierno nacional promueve un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, la normativa vigente que obliga a las empresas a exhibir sellos negros en los envases de alimentos para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías. La iniciativa reabre una fuerte discusión en torno al futuro del sistema de información nutricional, los cambios regulatorios en la industria alimenticia y el impacto directo sobre las decisiones de los consumidores en el mercado local.
Las objeciones del sector empresarial al sistema actual
Desde el ámbito corporativo, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) manifestó su respaldo a la derogación de la ley. En declaraciones a Infobae en Vivo, la presidenta de la comisión directiva de la entidad, Carla Martín, aclaró que el sector no se opone al objetivo de concientizar a la población, sino a la herramienta técnica seleccionada.
De acuerdo con la dirigente, el mecanismo actual no permite discriminar los perfiles nutricionales de productos dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó que dos paquetes de galletitas pueden registrar una diferencia del 40% en su contenido de grasas saturadas y, aun así, están obligados a exhibir exactamente el mismo octógono. Debido a que la ley actual fija fórmulas rígidas para calificar los nutrientes sin margen para modificaciones parciales, la entidad sostiene que la derogación es la única vía para debatir un sistema superador.
Impacto en el consumo y hábitos de la población
La eficacia de los octógonos para modificar las conductas de compra es otro de los ejes en disputa. Desde COPAL señalaron que, según sus registros, el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado frontal, argumentando que la herramienta no cumple la función de orientar dietas equilibradas.
La entidad empresaria remarcó que los principales factores que inciden en la transformación de los hábitos de consumo son la educación alimentaria y el acceso económico, otorgándole un peso mayor a la etiqueta de precios que a las advertencias de salud. Asimismo, destacaron que antes de la sanción de la norma, la industria ya coordinaba acciones con el Ministerio de Salud en materia de reformulación de productos y autorregulación publicitaria para abordar problemáticas como el sobrepeso y la malnutrición.
La propuesta de un modelo regional unificado
El debate regulatorio también contempla la proyección comercial externa, principalmente hacia el Mercosur, destino central de las exportaciones de la industria alimentaria argentina. COPAL impulsa una convergencia normativa que evite la coexistencia de múltiples sistemas de etiquetado, lo cual obliga a las firmas a reetiquetar las mercaderías según el país de destino.
En este aspecto, el sector privado pondera el modelo implementado por Brasil, al que consideran un sistema que logró resolver distorsiones de mercado mediante una resolución basada en evidencia técnica. Si bien existen más de 60 modelos de rotulado en el mundo y todos los socios del Mercosur aplican advertencias con metodologías diversas, el oficialismo y las cámaras empresarias apuntan a unificar criterios con el bloque sudamericano.
Transición parlamentaria y riesgo de vacío legal
El tratamiento de la propuesta oficial avanza mediante proyectos presentados en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación de forma simultánea a las negociaciones de las comisiones del Mercosur.
Ante este panorama de doble vía —local y regional—, los representantes industriales advirtieron sobre la necesidad de coordinar los plazos legislativos para la transición. El objetivo planteado por los sectores involucrados es evitar un vacío regulatorio en el mercado interno en caso de que la normativa actual sea dada de baja antes de que se sancione y reglamente el nuevo marco de información nutricional.
Fuente: Infobae
