Investigan maniobras de sobrefacturación millonaria en favor de clínicas vinculadas a la familia de la legisladora. La exdirectora del organismo en la provincia ratificó haber recibido presiones para no avanzar con auditorías internas.
21 de agosto de 2026
Una investigación interna por presunta defraudación contra la Administración Pública en la delegación del PAMI en San Luis derivó en un conflicto político que salpica a filas parlamentarias del oficialismo nacional. La senadora nacional Ivanna Arrascaeta y su esposo, el empresario Rodolfo Negri, fueron denunciados por amedrentar a la exdirectora del organismo en dicha provincia, Cecilia Morales, con el objetivo de frenar auditorías sobre servicios médicos facturados por centros de salud de su entorno familiar.
Origen de las irregularidades y montos investigados
Las sospechas sobre el manejo de las prestaciones comenzaron a consolidarse a fines de 2025. Según los registros analizados en la repartición puntana, empresas de salud vinculadas a la familia de la legisladora —entre ellas la clínica Aconcagua, consultorios externos y un centro de rehabilitación a cargo de Mauricio Negri, hermano del empresario— habrían presentado liquidaciones por montos mensuales sumamente elevados.
Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, los cobros por prestaciones tramitadas habrían oscilado entre los 700 y los 1.000 millones de pesos mensuales. La Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI requirió expedientes y documentación respaldatoria sobre la carga de órdenes de prestación en el módulo de Fisiatría, ante la sospecha de servicios no brindados o cargados de manera irreal en los sistemas.
Episodios de amedrentamiento y grabaciones
La denuncia formal presentada ante la Justicia Federal por Morales detalla situaciones de presión directa. La exfuncionaria señaló que fue abordada el pasado 1º de junio en el aeropuerto de San Luis por la senadora Arrascaeta y su esposo, quienes le recriminaron la realización de auditorías sobre las clínicas de la familia y le exigieron no entorpecer el ingreso de datos al sistema informático del PAMI por parte de personas de su confianza.
Adicionalmente, trascendieron grabaciones de encuentros mantenidos en la sede local del PAMI donde el empresario le solicitaba a los funcionarios de la delegación información para justificar las anomalías detectadas frente a las actuaciones judiciales. Empleados de la institución también formalizaron reclamos por agresiones verbales e intentos de amedrentamiento por parte de apoderados del grupo prestador.
Tensiones en el armado político
El conflicto escaló a instancias nacionales de la gestión gubernamental, donde se intentó mediar para frenar la exposición del caso. Durante esos intercambios, el entorno de la senadora habría sugerido la posibilidad de romper el bloque oficialista en la Cámara Alta y conformar una bancada unipersonal en caso de que avanzaran las sanciones o los desplazamientos administrativos contra las empresas involucradas.
Las actuaciones judiciales continúan en trámite en el juzgado federal de San Luis, mientras la salida de Morales dejó inconclusa la revisión exhaustiva de más de 7.000 órdenes de prestación emitidas entre 2024 y 2026.
Fuente: La Política Online (LPO).
