En medio del postergado debate por la Ley de Humedales, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales constataron la presencia de máquinas y terraplenes construidos en áreas desmontadas dentro de los territorios arrasados por fuegos intencionales. A su vez, el documento de la comunidad científica a favor de la aprobación de una legislación trabada en comisiones
Después de los incendios, se hizo realidad uno de los principales miedos de la sociedad civil que reclama por la protección de los humedales: se labraron denuncias por construcciones de terraplenes, desmontes e ingreso de maquinarias en el Delta Islas del Paraná, todas actividades prohibidas por un amparo de la justicia federal. Al mismo tiempo, se publicó un documento firmado por 1872 científicos de todo el país apoyando la ley de humedales que se convocó a tratar en comisión plenaria el jueves próximo 3 de noviembre.
En 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado constituir un Comité de Emergencia Ambiental para atender los crecientes incendios en la zona de las islas. En consonancia, el juez federal Alonso del Juzgado N°2 de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental que continúa vigente y establece “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el ambiente”, haciendo responsable a la Gendarmería Nacional de identificar el ingreso de cualquier maquinaria que tenga fines de construir diques, terraplenes o bien cuente con el potencial de modificar y alterar el ecosistema. A pesar de estas medidas provisorias, mientras el proyecto de ley de humedales continúa trabado en comisiones, el año pasado aparecieron nuevas denuncias de ingreso de distintos equipamientos productivos y en 2022 se mantiene igual.
Romina Araguas, abogada de la organización no gubernamental “El Paraná No Se toca” (con una larga trayectoria en defensa de estos ecosistemas), dialogó con Infobae: “Denuncias de terraplenes venimos haciendo hace años, hay uno enorme en el kilómetro 44 de la traza vial, ese terraplén es histórico y está en contravención a la ley”. Sobre las sospechas actuales del ingreso de maquinaria confirmó: “Se denunciaron maquinarias en el lote 10 del arroyo Careaga, propiedad de Matievich. Lo mismo en el lote 11, que es tierra fiscal, donde se están haciendo trabajos de desmonte y se constató el ingreso de más de ocho mil cabezas de ganado”. También acusó a la inacción judicial: “Las veces que hemos denunciado han dicho que no hay medios para constatarlo desde el organismo de aguas de Entre Ríos (CORUFA) y la delegación de islas de Victoria”.
La propia Secretaría de Comunicación del gobierno de Entre Ríos confirmó oficialmente que visualizaron, a través de vuelos y patrullajes realizados sobre las islas Lechiguanas, jurisdicción de Gualeguay, áreas donde rige el amparo ambiental donde ya ingresaron maquinarias y construyeron terraplenes, al mismo tiempo que constataron grandes desmontes en los humedales.
Si bien se labró el acta de constatación y se dio aviso inmediato al Juzgado Federal de Victoria con intervención de la policía de la provincia y Prefectura Naval Argentina, las denuncias continúan apareciendo por nuevas desviaciones del agua ribereña aprovechando la bajante que padece el Río Paraná hace ya un tiempo, en violación a la medida cautelar impuesta por la justicia federal como también a decretos provinciales.
La Ley de Humedales
Todo esto sucede en el marco de una ley de humedales que se espera sea tratada en comisiones este próximo jueves 3 de noviembre, luego de haber sido suspendida. Semanas atrás, se citó a una sesión plenaria de comisiones que incluía a la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (presidida por Leonardo Grosso), la de Presupuesto y Hacienda (presidida por Carlos Heller), y a la de Agricultura y Ganadería (presidida por Ricardo Buryaile) para tratar el proyecto de ley de humedales, principalmente el expediente 0075-D-2022. Se buscó lograr un dictamen que pueda sortear la dilación que implica que cada comisión lo trate por separado. La sesión se llevó adelante y, a pedido del presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, se suspendió por cuarto intermedio. Días después se intentó reanudar la sesión, mientras al mismo tiempo los gobernadores del norte argentino se encontraban en una visita por los Estados Unidos, entre ellos: Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), junto con el Ministro del Interior de la Nación Eduardo “Wado” de Pedro.
Desde allí, emitieron un comunicado oponiéndose al proyecto de ley de humedales que luego reconocería el propio gobernador de Jujuy: “Desde Washington paramos el tratamiento de ley de humedales porque venía muy rápido”. Ante la presión del comunicado, los presidentes de los principales bloques oficialistas y opositores comunicaron una carta en la que solicitaban que se frene el avance de la ley y se suspenda el tratamiento en comisiones, a tan sólo 14 horas de que el mismo comience.
Sin embargo, a pesar de la citación de Leonardo Grosso para continuar la sesión plenaria el jueves 3 de noviembre, el lunes por la tarde se filtró un comunicado de Ricardo Buryaile dirigido a Grosso en el que solicita suspenderla nuevamente exigiendo “una nueva reunión con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales” alegando al mismo tiempo que “se debe dar por concluida la reunión de las tres comisiones oportunamente citadas”.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, fue consultado sobre sus sensaciones a partir de la caída de la sesión: “La suspensión pedida por los presidentes de bloque es el resultado de la presión de los lobbies mineros y agropecuarios sobre los gobernadores, y desde los gobernadores a los presidentes de bloque”. Sobre la importancia de la ley de humedales y sus expectativas de cara a la sesión del jueves, el diputado ratificó su postura: “Trabajamos todo el tiempo para hacer posible la sanción de la ley de humedales. Vamos a intentar debatir y persuadir a quien haga falta para lograr construir los acuerdos y los consensos que nos permitan tener un dictamen de ley y poder tratarla en el recinto lo antes posible”.
Por último, se refirió a los obstáculos y a lo que él llama “la principal mentira”: “Toda esta campaña en contra se hizo con la idea de que el proyecto de ley de humedales prohíbe la actividad económica y genera una enorme reserva ecológica a lo largo y ancho del país, del 30% o 40% del territorio, y todo eso es evidente, efectiva y objetivamente mentira”. “A los que dicen eso, los invito a leer el proyecto y sentarse a debatir”, concluyó.
En esta línea, la propia Sociedad Rural Argentina calculó a principio de año que, tras los incendios en Corrientes, la destrucción de 300.000 hectáreas de humedales había causado una pérdida de $25.000.000.000, dejando en claro que la devastación no es solo de naturaleza, biodiversidad y salud humana, sino también de las economías productivas regionales y locales.
También fue consultado Enrique Viale (fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, autor de diversos libros y artículos, y asesor del ex senador Fernando “Pino” Solanas) sobre la importancia de que la ley se apruebe: “Si bien el proyecto de ley de humedales no va a apagar los incendios de forma automática, lo que va a hacer es darles un uso racional a los territorios”.
Continuó: “Hacer un ordenamiento ambiental del territorio es la base fundamental para lograr equilibrios entre producción, conservación y ambiente. Con una ley de humedales bien aplicada, los incendios disminuirán notablemente”. Asimismo, hizo referencia a la falta de compromiso con la sociedad civil: “Estamos acostumbrados a la violación de procesos participativos. En una correcta sanción de leyes, los diputados y senadores deberían responder a los intereses generales de la sociedad, y terminan respondiendo a intereses concentrados, muy, muy concretos, en este caso en nombre y representación de la minería”.
El debate en el Congreso por el proyecto de ley de humedales podría retomarse este jueves 3 de noviembre.
El documento de la comunidad científica
A lo largo de las últimas semanas, comenzó a circular un documento firmado por 1872 científicos y académicos de distintos organismos y partes del país como el CONICET, el Observatorio Nacional de Energía y Sustentabilidad, distintas universidades, entre otros. “Manifestamos nuestro explicito apoyo al proyecto de ley consensuado de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales, por cuanto considera a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías”, expresa la misiva en su último párrafo.
Con casi dos mil firmas, el documento da un claro apoyo al proyecto de ley de humedales 0075-D-2022. Patricia Pintos, además de ser geógrafa, docente, investigadora y subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP, es también una de las gestoras del documento. “El marco de conflictividades emergentes de los últimos años ha sido lo suficientemente potente como para interpelar al ‘mundo académico’ y de la producción científica”, sostuvo en declaración con Infobae y agregó que “la afectación de los ecosistemas de humedales se ha transformado en lo que Oszlak y O´Donnell refieren como una cuestión socialmente problematizada. Frente a la evidencia de una crisis socio-ecológica ya de escala planetaria, no es posible asumir una actitud de indiferencia”.
A su vez, apuntó contra Ricardo Buryaile: “Los argumentos del presidente de la Comisión de Agricultura acerca de que no era posible darle un ‘trámite exprés’ (a un proyecto bien conocido y largamente discutido) dejó en claro que la intención era volver a postergar todo lo posible su tratamiento, como finalmente sucedió, refrendado días más tarde por el comunicado emitido desde Washington, por los Gobernadores del Norte Grande”. También señaló a la dirigencia política: “Sectores mayoritarios de la política hacen parte importante del problema” y afirmó que “siguen pensando en el modelo extractivista como soga de salvación de una economía en deterioro. Mezcla de ceguera epistémica y necesidad de garantizar el ingreso de recursos en el corto plazo”.
Aún es incierto lo que sucederá este jueves en torno al dictamen de ley, que solo representaría un primer paso para que el proyecto pueda debatirse dentro del Congreso de la Nación. La subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP advirtió sobre los riesgos de una nueva postergación: ‘No hay margen político, ni de tiempos, para la sanción de la ley. Pueden dejar daños profundos e irreversibles’. Hoy es todo expectativa, y mañana se decidirá si finalmente el proyecto puede ingresar a ser discutido en el recinto nacional en atención a los incendios y a las reiteradas denuncias sobre avances ilícitos sobre los humedales.
(Fuente: APF)
