
El gobierno argentino ha impulsado el denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos», una serie de medidas que buscan flexibilizar los regímenes de información y control sobre las operaciones financieras y comerciales. El objetivo primordial es simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga burocrática para los ciudadanos y empresas, y generar confianza para incentivar la formalización de los ahorros que, históricamente, se han mantenido fuera del sistema bancario, los conocidos «dólares del colchón».
Principales medidas anunciadas y umbrales modificados:
La Agencia de Recaudación (ARCA, ex AFIP) ha actualizado significativamente los montos a partir de los cuales se requiere la información de diversas operaciones. Estos son algunos de los cambios más relevantes:
Transferencias y acreditaciones bancarias:
Antes: A partir de $1.000.000.
Ahora: $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.
Extracciones mensuales en efectivo:
Antes: Se informaba desde cualquier monto.
Ahora: A partir de $10.000.000 para todos los sujetos (personas humanas y jurídicas).
Saldos al último día del mes en cuentas bancarias:
Antes: Entre $700.000 y $1.000.000 (dependiendo el tipo de cuenta).
Ahora: $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.
El plan también contempla la derogación de varios regímenes informativos que generaban una carga burocrática significativa:
Tarjetas de crédito y de compra: Se deja sin efecto la obligación de informar todas las operaciones.
Operaciones notariales: Los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA.
Compra-venta de vehículos usados: Los concesionarios no deberán reportar ninguna operación a ARCA.
Pagos de expensas: Las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas (antes informaban a partir de $32.000).
Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI): Ya no se requerirá para la puesta en venta de propiedades.
Consumos de servicios públicos: Los proveedores de servicios de electricidad, agua, gas y telefonía no deberán reportar más dichos consumos a ARCA.
Además, se ha prohibido a los bancos solicitar Declaraciones Juradas (DDJJ) de impuestos nacionales (Ganancias y Bienes Personales) como condición para operar. En caso de que un banco lo solicite, el cliente podrá negarse y acudir a Defensa del Consumidor.
Nuevo Régimen Simplificado de Ganancias:
Se implementará un nuevo régimen simplificado de Ganancias, que se enfocará en la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. Este nuevo sistema, que aplicará para el ejercicio fiscal 2025 (a presentarse en 2026), permitirá a ARCA proponer una liquidación automática, la cual el contribuyente podrá aceptar o modificar.
Implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA):
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también ha impulsado el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), que busca reducir la carga burocrática y mejorar la calidad de los servicios financieros. Este sistema fomenta la creación de productos personalizados, reduce costos operativos y promueve la digitalización y la competencia en el sistema.
Consideraciones y Debate:
El gobierno presenta estas medidas como un cambio de paradigma, argumentando que el Estado deja de presumir culpabilidad sobre los ciudadanos en el uso de su dinero y que el foco de los esfuerzos de control se trasladará hacia la persecución de delitos graves como el narcotráfico y el terrorismo.
Si bien no se trata de un blanqueo de capitales en el sentido tradicional, algunos expertos tributarios consideran que el aumento de los umbrales de control y la eliminación de ciertas obligaciones informativas tienen un efecto similar al de una amnistía fiscal, al facilitar la circulación de fondos no declarados.
El impacto de estas medidas en la economía aún está por verse. Se espera que fomenten una mayor circulación de ahorros en divisas que están fuera del sistema bancario, lo que podría estimular el consumo y aumentar los depósitos en moneda extranjera. Sin embargo, algunos analistas también señalan que el impacto podría ser limitado en el corto plazo y que la medida podría generar un mayor uso del dólar en transacciones locales. El gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia una mayor formalidad, menos impuestos y un mejor acceso a productos y servicios financieros para los argentinos.
(Fuentes: Varias)