La empresa Sanabria SRL reconvirtió su actividad para prestar servicios navales estratégicos tras la aprobación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
24 de agosto de2026
La empresa Sanabria SRL, radicada en Puerto General San Martín y dedicada originalmente a la actividad de guardería náutica, reconvirtió su rubro para prestar servicios navales en el complejo agroexportador del Gran Rosario. Entre sus funciones principales se destaca el suministro de diésel para remolcadores de barcazas, una actividad estratégica del sector que se liquida en dólares.
Cambios en la composición societaria
De acuerdo con registros del Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe con fecha del 31 de julio de 2024, la firma Surlibre Inversiones —asociada a Fernando Cerimedo— adquirió el 30% del capital social de Sanabria SRL. La operación incluyó la cesión de 100 cuotas sociales por parte de Sergio Ezequiel Amarilla y 50 por parte de Iván Alberto Sanabria, sobre un total de 500 cuotas. Tras la transacción, Amarilla y Sanabria asumieron la gerencia conjunta de la sociedad.
Gestión de autorizaciones nacionales y locales
El acceso a este segmento del mercado fluvial requiere la conformidad previa de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, organismo a cargo de Iñaki Arreseygor que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo. Operadores del sector señalan que las autorizaciones correspondientes para la firma se tramitaron en un plazo acotado tras la incorporación de la nueva sociedad.
Por su parte, desde la Municipalidad de Puerto General San Martín indicaron que la compañía aún registra documentación pendiente para completar la habilitación a nivel municipal y que no contaban con registros sobre la vinculación de Surlibre Inversiones o Cerimedo en la firma local.
Contexto del grupo inversor
El ingreso de la compañía a los servicios portuarios forma parte de una expansión societaria del consultor en diversos rubros comerciales e industriales. En forma paralela, el origen de sus fondos y sus transacciones financieras son objeto de actuaciones judiciales radicadas en Bolivia.
Fuente: La Política Online (LPO)
