El Poder Judicial de la Nación invalidó el decreto que disponía un incremento millonario en las partidas presupuestarias destinadas a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La resolución fundamenta que la asignación de recursos públicos de carácter reservado debe respetar los principios de transparencia y el control parlamentario, requisitos que la norma en cuestión omitió cumplir.
25 de marzo de 2026
El fallo surge tras un análisis de la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que otorgaba fondos adicionales sin una justificación detallada de su aplicación. Según el tribunal, la excepcionalidad de las tareas de inteligencia no exime al Poder Ejecutivo de la obligación de rendir cuentas ante las comisiones específicas del Congreso. La sentencia destaca que el uso de partidas «reservadas» no puede ser la norma para eludir el presupuesto ordinario aprobado por el Legislativo.
Asimismo, la Justicia ordenó la suspensión inmediata de cualquier ejecución presupuestaria remanente derivada de dicha normativa. El dictamen subraya que la discrecionalidad en el manejo de estos fondos vulnera el equilibrio de poderes y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción y transparencia institucional.
Fuente: Fallo Poder Judicial
