La institución conducida por Lisandro Amavet fue admitida en la causa judicial como Amicus Curiae. Aportó argumentos técnicos y de derechos humanos frente a la implementación del nuevo sistema centralizado de provisión de alimentos en las escuelas.
15 de agosto de 2026
La Defensoría del Pueblo de Paraná fue admitida por la Justicia en el marco de la acción de amparo colectivo caratulada Padres, Agmer y Fundación Cauce c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros. La intervención se concretó bajo la figura de Amicus Curiae (amigo del tribunal), con el objetivo de incorporar elementos técnicos, científicos y de derechos humanos enfocados en la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Cuestionamientos al nuevo esquema de alimentación
El escrito presentado por el organismo advierte que el esquema centralizado de desayunos y meriendas, dispuesto por el Consejo General de Educación (CGE) mediante la firma privada Teknofood SA, modifica la composición del menú escolar. La medida implica el reemplazo de productos frescos y de elaboración casera por insumos industrializados, situación que —según la presentación— repercute de forma directa en la calidad nutricional de las prestaciones.
Fundamentos normativos e informes técnicos
El Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, fundamentó la presentación en la Ley Nacional N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. La norma señala en su artículo 12 que los establecimientos educativos deben constituirse como entornos protegidos frente a productos con sellos de advertencia por excesos de azúcares, sodio o grasas saturadas.
Asimismo, la presentación incorpora dictámenes de organismos científicos y profesionales, entre los que se destacan informes del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer) y de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que advierten sobre los efectos perjudiciales de la industrialización en la dieta infantil.
Pedidos de informes y vigencia de resoluciones
En el documento se requiere precisar la validez de circulares previas de la Dirección de Comedores Escolares que prohíben la compra de alimentos ultraprocesados, como así también los avances de un estudio nutricional anunciado en abril de 2025 junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
Finalmente, la Defensoría solicita que el Estado provincial explicite los estudios científicos que respaldaron la contratación de la empresa adjudicataria y los motivos por los cuales no se dio participación a las entidades académicas ni a los colegios profesionales de la provincia en la toma de decisiones.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Paraná.
