La Defensoría General de Entre Ríos dispuso la aplicación de las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa. La medida busca promover mecanismos alternativos a la judicialización y priorizar la reparación del daño antes del inicio de la nueva legislación.
20 de agosto de 2026
Ante la próxima entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil, el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, emitió la Resolución Nº 68/2026. A través de este acto administrativo, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) resolvió adoptar las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa y recomendó su aplicación efectiva a todos los integrantes del organismo, bajo el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La medida toma en cuenta el marco normativo local, nacional e internacional, además de opiniones consultivas, observaciones de organismos internacionales y fallos de tribunales de la materia que conforman el Corpus Iuris aplicable al fuero de responsabilidad penal juvenil.
Marco internacional y alcance de los lineamientos
Las Reglas Comunes Iberoamericanas fueron aprobadas el 11 de abril de 2022 por consenso de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Estos criterios actúan como guía para la formulación de políticas públicas de responsabilidad juvenil. Entre sus ejes principales, promueven la aplicación de mecanismos sustitutivos a la judicialización, el empleo de medidas alternativas para que la privación de la libertad funcione como último recurso, y la atención integral de las necesidades de niños, niñas, adolescentes, víctimas y la comunidad.
Enfoque restaurativo y alcance de la medida
La adopción de estas pautas procura garantizar el acceso a la justicia mediante un esquema enfocado en la justicia restaurativa. El objetivo institucional es fomentar la responsabilización, la reparación del daño causado y la gestión de condiciones que favorezcan el desarrollo integral y proyectos de vida para las personas menores de edad involucradas.
El alcance de estas reglas abarca a niños, niñas y adolescentes desde el primer contacto con el sistema penal hasta la finalización de la intervención estatal, ya sea en calidad de victimarios, víctimas o testigos. Asimismo, la normativa alcanza a las víctimas directas e indirectas, referentes afectivos y miembros de la comunidad que intervengan en los procedimientos restaurativos.
Fuente: Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos (MPD).
