Fue una polémica iniciativa de Macri que incluso incursionó en el negocio de la energía eólica a través de su holding familiar y por eso enfrenta una causa.
Parques Eólicos: detectan «irregularidades» y ganancias millonarias de Macri y Tevez
En 2017, cuando Luis «Toto» Caputo fue ministro de Finanzas de Mauricio Macri determinó la emisión de Letras del Tesoro a ser entregadas al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), para ser utilizadas como garantía de pago de las tarifas dolarizadas que se les reconocían a los que invertían en ese sector.
Un negocio muy polémico porque el Estado garantizaba a los inversores por años tarifas que superaban varias veces las de la energía convencional, a cambio de la inversión.
Ahora, la Auditoría General de la Nación (AGN) en la gestión que estuvo a cargo del radical Jesús Rodríguez, comprobó la emisión de deuda que realizó el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Letras del Tesoro Nacional mediante la resolución 147 del 2017 con la firma del entonces ministro Caputo. Llama la atención el timming de los auditores que decidieron firmar y difundir un informe que expone a Caputo, a días que vuelva a asumir como ministro.
La auditoría concluye que el uso de títulos públicos para garantizar el programa de energías renovables generó una deuda indirecta por USD 7.368 millones, un monto equivalente a la construcción de tres gasoductos como el Néstor Kirchner de Vaca Muerta, una obra estratégica para sacar el gas del megayacimiento, que necesita nuevos tramos para poder alcanzar todo su potencial exportador.
Para dimensionar el costo de la operación para el país, el stock de Letras en garantías del FODER representó el 2,29% del total de la deuda externa contraída durante el mandato de Macri.
El trabajo arroja nueva luz sobre una política muy compleja de Macri en la que se cruzaron negocios familiares y terminó en una causa por maniobras con parques eólicos, que la propia Auditoría ya había cuestionado, como reveló LPO en exclusiva.
La nueva investigación, que fue realizada por la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública de la AGN que preside Francisco Javier Fernández, se centró en la gestión y cumplimiento de las Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad durante el período 2016 2019. El proceso además enfrentó objeciones importantes.
El balance del fideicomiso no posee una cuenta específica para identificar los montos de la garantía de pago por energía. Además, los valores de los estados contables de los años 2017, 2018 y 2019 no coinciden con los montos detallados por el BICE.
Entre ellas, la Auditoría reveló que «el balance del fideicomiso no posee una cuenta específica para identificar los montos de la garantía de pago por energía. Además, los valores de los estados contables de los años 2017, 2018 y 2019 no coinciden con los montos detallados por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) como afectados a la garantía de pago del precio por energía».
Agrega el trabajo que «los pagos que realizó la compañía eléctrica mayorista CAMMESA desde mayo de 2019, no los hizo con fondos provenientes de su propia recaudación, sino que la operatoria se hizo directamente con los fondos que el FODER le transfirió».
De la investigación se desprende que «el BICE no realizó ningún proceso de verificación para controlar la disponibilidad de fondos por parte de CAMMESA, mientras que el Estado Nacional incumplió con el marco normativo».
Por otra parte, se registraron deficiencias en la carga y validación de datos en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), y en la identificación del origen interno o externo de la deuda.
Sobre la base de estos hallazgos, se concluye que programa RenovAr generó una deuda contingente de USD 7 368 millones. Ésta deuda indirecta representaba, a diciembre del 2019, el 60% de la totalidad de contingencias por garantías y avales.
El informe completo se presentó este miércoles durante la sesión del Colegio de Auditores Generales, en la que participaron el presidente de la AGN Jesús Rodríguez, y los auditores Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. Fue aprobado, con disidencia parcial de Nieva y Pichetto.
(Fuente: Auditoría General de la Nación / La Política On line)
