Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas analizan llevar el tratamiento al recinto el 7 o el 14 de octubre, tras la resolución que restableció la vigencia del artículo que deroga la Ley de Tierras.
30 de septiembre de 2026
Una resolución de la Corte Suprema de Justicia reinstauró la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, reactivando la controversia por la derogación de la Ley de Tierras y la venta de inmuebles rurales a extranjeros. La medida judicial generó un nuevo escenario político que la oposición parlamentaria busca aprovechar para impulsar en la Cámara de Diputados el rechazo definitivo al decreto de necesidad y urgencia dictado al inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
El mega DNU 70 ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, en aquel momento no se articularon los consensos necesarios en la Cámara Baja para ratificar la derogación, manteniéndose vigente en virtud de la legislación sobre decretos de necesidad y urgencia.
La estrategia de la oposición y las fechas probables
Sectores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y bloques de Provincias Unidas iniciaron conversaciones para coordinar una convocatoria al recinto. Las fechas que se evalúan para la sesión especial son el miércoles 7 o el miércoles 14 de octubre.
Referentes opositores, entre ellos Germán Martínez (Unión por la Patria), Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), coincidieron en señalar la inconstitucionalidad del decreto y en la urgencia de que la Cámara de Diputados concrete su tratamiento para frenar los efectos sobre la propiedad de la tierra y la desregulación económica.
El alcance del DNU y las alternativas del oficialismo
El DNU 70/2023 introdujo modificaciones estructurales que eliminaron regulaciones en el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud prepaga y los alquileres, además de derogar normativas como las leyes de Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional. Desde el oficialismo advierten que la invalidez total del decreto provocaría un impacto administrativo y legal en múltiples áreas económicas.
Para contener la iniciativa opositora, el Poder Ejecutivo y sus aliados parlamentarios analizan diferentes alternativas legislativas. Entre las opciones bajo estudio se contempla incorporar un apartado específico sobre la regulación de tierras en el proyecto de Ley de Propiedad Privada —que cuenta con media sanción del Senado— o dentro del debate en comisiones del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, con el objetivo de ofrecer una alternativa de debate sectorial sin revertir el DNU en su totalidad.
Fuente:Infobae
